lunes, 21 de octubre de 2013

Generalidad LVI (La Adm. de Justicia como catalizador económico)


Ante una tarea tan esencial como la que al Poder Judicial corresponde, es evidente la necesidad de una reforma que parta de un sincero y explícito reconocimiento: la actual organización judicial española no corresponde adecuadamente a las necesidades de una Administración de Justicia moderna y eficaz. Está, por lo mismo, necesitada de una sistemática y completa puesta al día.”

La cita anterior, podría haber sido pronunciada por cualquiera que haya ejercido alguna competencia en la administración de Justicia española en los últimos años. Es más, podría perfectamente aparecer impresa en la próxima edición de cualquier periódico y pensaríamos que forma parte del mensaje político más actual.

Sin embargo, está fechada en un mes de septiembre del ya lejano año de 1978 y fue pronunciada por Landelino Lavilla que, en aquel momento era, a la sazón, Ministro de Justicia, en el acto de apertura del año judicial.

Que la administración de justicia es la asignatura que hemos pospuesto colectivamente en su necesario proceso de modernización, es algo tan reiterado que se ha convertido en ese tipo de lugar común que comienza a tener el descrédito de lo que largamente se anuncia y no se cumple.
Treinta largos años después, estamos en un punto aparentemente similar al que señalaba el Ministro: necesidades de reforma en las desfasadas plantas judiciales, necesarias modificaciones en procedimientos obsoletos e inyección de medios materiales y personales que situé en la vanguardia al único poder del estado que sigue manejando herramientas tecnológicas inadecuadas, en contraste con los sistemas de elecciones populares, la Hacienda Pública, el Catastro, la Tesorería General de la Seguridad Social y últimamente, la Dirección General de Tráfico, por solo citar algunas de las mas conocidas.

En nuestro descargo, podríamos argumentar que en la actualidad, la Administración de Justicia debe abordar los esfuerzos de modernización en uno de los escenarios económicos más adversos de las últimas décadas. Y obviamente, puede aparecer la sensación de desánimo y de innecesaridad.
Pero, muy al contrario, este contexto debería ser un estímulo para continuar el camino iniciado e incluso, reforzarlo, y no para ralentizarlo. Las consecuencias de no hacerlo de este modo podrían ser nefastas para nuestra economía. Y ese, y no otro, es el eje central de estas líneas.
En los últimos años, la relación entre lo que hemos llamado el funcionamiento eficiente de la Administración de Justicia y el desarrollo económico de los diversos estados nacionales, ha llamado la atención de los muchos economistas, así como de buena parte de los organismos internacionales de crédito.

Sin embargo, hasta hace bien poco, no ya los diferentes actores económicos, sino los propios ciudadanos, se habían mantenido alejados (salvo algún desafortunado y trágico incidente que, de tanto en tanto, situaba a la Justicia en la actualidad), pensando, tal vez, que se trataba de una cuestión técnica ajena a sus actividades diarias y, en cierta forma, politizada. Necesaria, pero lejana.

Pero la crisis en la que nos debatimos tratando de escapar de un temido periodo de recesión, sitúa nuevamente la acción de la Justicia y su potenciador impacto económico en una completa actualidad.

Cabría preguntarse, antes de nada, si merece la pena el esfuerzo. Dicho de otro modo, cuánto y, sobre todo, cómo (si es que lo hace) incide la acción de la  Justicia sobre la economía.
Pues bien, en esta línea, estudios de la OCDE, estiman que la existencia de seguridad jurídica y su adecuado funcionamiento, puede llegar a incidir hasta un 15% en el crecimiento del Producto Interior Bruto nacional.

En países de nuestro entorno, donde afortunadamente no hablamos tanto de seguridad jurídica como de eficiencia en el procedimiento, el porcentaje se sitúa en valores mucho menores, entre un 1% y un 1,5%. Pero, ¿quien renunciaría en este momento a un incremento que superaría ampliamente los 10.000 millones de euros?

Para avanzar con el argumento, demos estos datos como razonables y convengamos, al menos, que parece evidente que nos encontramos frente un tema al que merece la pena prestar una cierta atención, aunque solo fuera desde el punto de vista utilitario. Obviando, por mera simplificación, lo que es evidente: Que la existencia de un sistema judicial óptimo es esencial en la vida del país, muy por encima de estas conclusiones prácticas.

Parece, por tanto, que mejorar nuestra Administración de Justicia, hacerla más eficiente, tiene efectos beneficiosos en la economía. Parece simple, ¿no?. Hagámoslo, podríamos decir.
Pero antes de lanzarnos por este camino algo atolondrado, hagamos un breve receso y antes de hablar del cómo, hablemos un poco del qué. ¿Que queremos decir con eso de una Justicia eficiente? Simplificando al máximo, una justicia eficiente seria aquella que respondiera las siguientes objetivos básicos:
·  
  • Procedimientos centrados en lo esencial: Resolución del conflicto y no el seguimiento de un “ceremonial litúrgico” procesal.
  • Resolverlo del modo más rápido posible.
  • Hacerlo al menor coste para las partes y para la sociedad en su conjunto.
  • Transmitir a los involucrados y a terceros el mensaje claro de no impunidad.

Inducir que el sistema judicial sea utilizado sólo cuando no haya otro mecanismo capaz de proporcionar igual resultado o hacerlo con un menor coste social, tratando de rebajar el proceso de judicialización incremental en el que hemos entrado desde la pasada década y que amenaza con colapsar el sistema en un plazo no muy lejano.

Muy simple, es cierto, pero nos puede bastar como idea para centrar el qué y regresar al cómo.
En la fase en la que nos encontramos actualmente (evaluar  y modernizar tecnológicamente los sistemas judiciales), nuestra propuesta es de nuevo, engañosamente simple: cuestionarnos si los sistemas judiciales que estamos diseñando, lo están siendo precisamente para alcanzar esos objetivos que acabamos de enumerar en cinco puntos. Siendo honestos, creo deberíamos convenir, en que salvo contadas y honrosas excepciones, la respuesta es negativa.

En el momento actual debemos cuestionarlo todo, porque precisamente estamos en una encrucijada en la que no deberíamos permitirnos errores. Estamos en una encrucijada que puede ralentizar nuestro crecimiento décadas, como sucedió con la Alemania de entre guerras o mas recientemente con Japón y en la actualidad, previsible y fatalmente con Grecia. Debemos pararnos y cuestionarlo todo.

Y esto es especialmente grave porque no hacerlo del mejor modo posible, nos lleva a  hipotecar el futuro inmediato. Y ello es así, porque la incidencia de la Justicia sobre la economía, que hemos solo enunciado, tiene que ver con su influencia sobre la producción y los negocios en general.

Y esto es fácil de observar, porque cuando hablamos de procedimiento judicial, lo hacemos de elementos tan comunes como la protección de los derechos de propiedad, la fuerza legal y la coerción judicial a los contratos, de los costos de las transacciones, de la influencia de las expropiaciones, del costo económico de las dilaciones en los señalamientos y del excesivo uso del recurso, etcétera.

Ahora bien, si admitimos que en toda economía de mercado, como la nuestra, la  mayor parte de las inversiones son actos jurídicos, en los sistemas institucionales deficientes la incertidumbre ocasionada por la inseguridad jurídica excede y relega a los tradicionales elementos de incertidumbre (fluctuaciones del mercado, coyuntura, materias primas, tipos de cambio, avances tecnológicos, etc.), por lo que se podría concluir que a mayor seguridad jurídica, a mayor eficiencia en el procedimiento, se produce una mayor capacidad de crecimiento económico.

Y el tema de la eficiencia interesa para determinar algo tan básico como analizar si los recursos, humanos y materiales, son suficientes o correspondería incrementarlos.

Es más, antes de ello, deberíamos analizar si estamos ante un problema de falta de recursos o es más un tema de productividad, que puede verse ampliamente mejorado con el uso de tecnologías de la información, como ya ha sucedido en muchos otros ámbitos, tanto privados o públicos con anterioridad.

Reducir, por tanto, la incertidumbre, mejorar la eficiencia y modernizar tecnológicamente (con elementos que por cierto, y esta es una magnífica noticia, son ya viejos en otros ámbitos) es una prioridad que no podemos permitirnos el lujo de posponer como nación otra década más.